ESTADO DE EXCEPCION

Venezuela hoy es el resultado de un conjunto de crisis que se han venido desarrollando a lo largo de tristes y vergonzosos dieciséis años de la mal llamada revolución. Al final de este camino y tras la desaparición física del nefasto líder revolucionario nuestro país ha entrado en la catástrofe y ahora viéndonos al espejo apenas podemos cuantificar el daño que en todos los ámbitos se nos ha hecho.

Todos los espectros contra las cuales dice luchar hoy el régimen no son creaciones de macabras conspiraciones oligárquicas o imperialistas, no. Al contrario, todos esos espectros son producto de la impunidad, la barbarie y la sinrazón con que se nos ha gobernado en la última década. Un ejemplo de esto es la delincuencia común y organizada que a nivel nacional está vinculada con la élite revolucionaria que ilegítimamente nos gobierna y que ha tomado el control casi absoluto de la sociedad, la cual vive un estado de excepción desde hace muchos años impuesto por el temor a los crímenes que día y noche suceden sin que ningún organismo de seguridad ponga reparo.

En la catástrofe que vivimos los venezolanos en lo individual y en lo colectivo podemos avizorar con claridad las características que confirman la naturaleza fallida del Estado y el riesgo inminente de una crisis humanitaria sin precedentes en la región latinoamericana. El régimen de Nicolás Maduro es totalitario, ineficiente y sobre él no hay ningún tipo de control efectivo que regule sus actividades y decisiones, debido a que los demás poderes del Estado, consagrados constitucionalmente, son un simple apéndice parasito del Ejecutivo que ha logrado ocupar todos los espacios con sus más elocuentes y nefastos servidores partidistas. El orden constitucional, es decir, el Estado de Derecho y Justicia Social, ha sido manipulado y violado de manera flagrante, permitiéndose con eso el cercenamiento de los derechos humanos, políticos, económicos y hasta culturales de nuestra sociedad, sin que ello amerite al menos la reprenda oficial disimulada de los demás Poderes. La autoridad del Estado ha servido para proteger y dar total impunidad a los grupos irregulares armados que actúan en nuestra sociedad, el caso más emblemático son los llamados “colectivos”, los cuales han traído a las calles de Venezuela prácticas de orden paramilitar que sólo han sido utilizadas para reprimir a los sectores disidentes del régimen.

La violencia en Venezuela ha cobrado más de doscientas mil víctimas en la última década, esto no es un fenómeno social achacable, como ya dije, a la conspiración oligarca o imperialista, sino más bien al desprecio manifiesto del régimen al derecho a la vida, a la seguridad y a la libertad. Es el Estado el que claudicó desde hace varios años en la causa de la justicia y de la paz; es el Estado el responsable único de la grave crisis que vive este país y es muy irresponsable a estas alturas invocar una supuesta operación de liberación para destruir a la dirigencia opositora con falsos testigos y falsos testimonios, tan falsos que rayan en lo estúpido. Y sólo queda por decir al régimen ante este monstruo de la violencia y la delincuencia que “tarde piaste pajarito”. Porque realmente sólo en un gobierno democrático y de unidad nacional podrá reconstruirse la paz y la convivencia social.

Las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo, OLP, por sus siglas plagiadas a Palestina, son de temer. El ensayo del estado de excepción aplicado a los municipios fronterizos con Colombia no es más que la predicción cumplida de cuán mal estarán las cosas de aquí  a las elecciones parlamentarias porque lejos de estarse aplicando correctivos para devolverle la paz a las fronteras y a todo el país en general, se están realizando prácticas condenadas por el derecho internacional porque constituyen delitos de lesa humanidad, como esa especie de corralito humano que se aplica con el cierre de las fronteras y la deportación con tratos crueles e inhumanos de miles de colombianos, lo cual deja además muy claro la naturaleza xenófoba del régimen de Nicolás Maduro.

Corresponde a los organismos internacionales decentes monitorear con seriedad la crisis venezolana que de forma evidente es humanitaria. El Consejo de Seguridad de la ONU debe mirar con absoluta urgencia lo que está pasando y se está diciendo desde Miraflores. La Cruz Roja Internacional y otros organismos afines de las Naciones Unidas deben prepararse para asistir a nuestro pueblo venezolano.

El Gobierno de Colombia tan complaciente con la Casa Amarilla debe ponerse los pantalones y no sacrificar el equilibrio de las relaciones con Venezuela, guardando su ya conocido silencio cómplice, en aras de preservar el diálogo con los terroristas de las FARC, los cuales son totalmente obedientes a los mandatos de Castro y Maduro. El presidente Santos más bien debería pedir la extradición de los jefes guerrilleros que viven y actúan delictivamente con total impunidad en los más de dos mil kilómetros de frontera colombo-venezolana.

Y finalmente, los venezolanos estoy seguro habremos de reaccionar en algún momento y poner fin a este proceso demencial que nos acorrala, nos atropella y nos destruye sin más. Es la hora de actuar, sí. Es la hora de despertar.

Expreso mi más honda solidaridad con los miles de colombianos que en territorio venezolano están siendo ultrajados y separados por la fuerza de sus familias y sus casas. Que les quede la firme esperanza de que más temprano que tarde habrá justicia.

Robert Gilles Redondo

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